Tradicionalmente se
ha dividido este período histórico en tres etapas, siguiendo la división
realizada por el politólogo Luis E. González:
1)
La etapa de la “dictadura comisarial” desde 1973 a 1976.
2)
La etapa “fundacional” hasta 1980.
3)
La “transición hacia la democracia” a partir del plebiscito del 80 hasta que
asume el nuevo gobierno en marzo de 1985.
EL
INICIO: EL GOLPE DE ESTADO DEL 27 DE JUNIO
El
27 de junio de 1973 el Presidente Juan María Bordaberry decretó la disolución
del Parlamento y la creación de un Consejo de Estado. Se intervinieron los
Entes Autónomos y se destituyó al intendente de Rocha. Tres días después se
declaró ilegal a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y se ordenó la
captura de sus dirigentes.
¿Quienes
apoyaron el golpe y quienes se opusieron? El ex-presidente Jorge
Pacheco Areco, que había sido designado embajador en España, envió un telegrama
apoyando las medidas de Bordaberry. La lista 15 del P. Colorado hizo una
declaración rechazando el golpe. Dentro del Partido Nacional los sectores que
habían apoyado la candidatura presidencial de Wilson Ferreira Aldunate se
opusieron y lo mismo hizo el Frente Amplio. Este y los sectores blancos
antigolpistas decidieron coordinar acciones para hacer fracasar el golpe. La
CNT también se opuso e inició una huelga general. También las organizaciones
estudiantiles rechazaron el golpe.
Hubo
sectores del Parido Nacional que vieron con simpatía el golpe y lo apoyaron.
Entre otros Martín Etchegoyen, que había apoyado a la dictadura de Terra en los
años 30, y que fue designado presidente del Consejo de Estado
Los
sectores opositores coordinaron una manifestación que se realizó el 9 de julio
de 1973 por la avenida 18 de Julio de Montevideo. La manifestación fue
reprimida violentamente deteniéndose a cientos de manifestantes, entre ellos al
presidente del Frente Amplio, Liber Seregni. Algunos días después la CNT
decidía levantar la huelga general al no lograr la caída de los golpistas.
Algunos dirigentes políticos, temiendo las represalias, abandonaron el país.
Al
ver consolidado su poder, el gobierno dirigido por Bordaberry comenzó a imponer
medidas para profundizar el control sobre la población y llevar acabo su
política:
-
Se prohibieron los partidos de izquierda y se suspendió la actividad política
de los demás partidos
-
Se inició la destitución de docentes y se clausuraron los institutos de
formación docente.
-
Se intervino la Universidad de la República y se prohibió la Federación de
Estudiantes Universitarios.
- Se inició una campaña publicitaria para obtener el apoyo de la
población (“Póngale el hombro al Uruguay”). A través de los medios de
comunicación se mostraba al gobierno estableciendo el orden en un país que era
atacado por la “subversión”. Y esta no era sólo la guerrilla, sino los partidos
políticos, los sindicatos, la Universidad, etc. Como en el resto de América Latina
el ejército de Uruguay aplicaba la “doctrina de seguridad nacional”.
LA DOCTRINA DE SGURIDAD NACONAL
“Doctrina difundida por los Estados Unidos en América Latina a través de
la escuela de formación de oficiales superiores de las fuerzas armadas. En esta
institución ubicada en la zona del Canal del Panamá y conocida como
"Escuela de las Américas", oficiales norteamericanos instruían
política y militarmente a los jefes de los ejércitos latinoamericanos. Allí se
difundió esta teoría según la cual el enemigo no estaba fuera de las fronteras
sino dentro del propio país. Ese enemigo era el opositor, denominado genéricamente
como "subversivo" al que había que combatir hasta la muerte. Esta
Doctrina tuvo una nefasta influencia en la región y fue aplicada a rajatabla
por las distintas dictaduras latinoamericanas”. (Felipe Piña, historiador
argentino)
“LA
CASA EN ORDEN” (1973-76)
El
predominio de los sectores “duros” dentro del ejército consolidó la dictadura.
Aumentó la represión: mayor cantidad de presos por razones políticas
(especialmente integrantes del Partido Comunista), condición de “rehenes” para
9 dirigentes tupamaros, censura de prensa (clausura definitiva del semanario
“Marcha”), persecución a periodistas e intelectuales, intensificación de la
destitución de docentes. A todos los funcionarios públicos se les exigió un
certificado de “fe democrática”: los que figuraban en la listas de los partidos
de izquierda en las elecciones de 1971 fueron destituidos.
En
el año 1975 la dictadura reforzó su campaña para obtener una mejor imagen tanto
dentro como fuera del país. Al cumplirse 150 años de los sucesos de 1825 se
declaró a 1975 “Año de la Orientalidad”, realizándose actos y festejos
exaltando el nacionalismo y el patriotismo como una forma de obtener más
respaldo popular. Además se realizó la repatriación de los restos de Lorenzo
Latorre y se le realizaron homenajes, tratando de prestigiar una figura que la
historia tradicional presentaba como dictador y a su vez crear un paralelismo
de su gobierno (cuando se hizo la primera modernización) con la nueva
dictadura. Prestigiando a los dictadores del pasado la dictadura pensaba
prestigiarse a si misma.
Se
estrecharon vínculos con las dictaduras vecinas: Brasil, Chile y Paraguay en
primera instancia y luego Argentina tras el golpe militar de 1976. Los
gobernantes de esos países fueron recibidos y homenajeados. Años después se
sabría que las dictaduras del cono sur coordinaron la represión y persecución
de opositores a través del “Plan Condor”. Fue así que muchos exiliados
uruguayos fueron capturados en países vecinos, especialmente Argentina, y
traídos en forma secreta al Uruguay, para ser interrogados, torturados y
desaparecidos.
De
acuerdo a la constitución en el año 1976 debían celebrase elecciones. Por lo
tanto eran de esperar novedades en el campo político: o se convocaba a
elecciones con un funcionamiento restringido de los partidos o se aplazaban,
reformándose la constitución. El presidente Bordaberry presentó a los jefes
militares una propuesta de constitución de tipo fascista por la cual no
funcionarían partidos políticos, ni siquiera los tradicionales blanco y
colorado. Los militares no compartieron las ideas de Bordaberry y lo
destituyeron, designando como presidente a Alberto Demicheli.(junio de 1976).
En
un comunicado público los militares dieron a conocer que las Fuerzas Armadas no
querían “compartir el compromiso y la responsabilidad histórica de suprimir los
Partidos Tradicionales” como quería Bordaberry, pero tampoco convocarían a
elecciones. Se proponían crear Leyes Constitucionales para sustituir a la
Constitución y mantener un gobierno provisorio, o sea continuar con la
dictadura.
EL INTENTO
FUNDACIONAL (1976-80)
El día que asumió
la presidencia, Demicheli firmo las dos primeras de esas “leyes
constitucionales”, conocidos como Actos Institucionales 1 y 2. Se trataba de
normas que modificaban la constitución de 1966 en aquellos aspectos que
chocaban con lo que la dictadura hacía. El primero establecía la suspensión de
las elecciones por tiempo indefinido. El segundo creaba un nuevo organismo, el
Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de
Oficiales Generales del ejército, la marina y la aviación. Las funciones de
este organismo eran designar al Presidente, a los miembros del Consejo de
Estado y de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que los máximos organismos
del estado eran designados por un órgano militar: la Junta de Oficiales.
Para reforzar la
presencia militar en el gobierno, que ya existía de hecho pero ahora quería
establecerse de “derecho”, el Acto Institucional 3 legalizó la existencia del
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que venía actuando desde febrero de
1973. Además creó el Ministerio de Justicia, supeditando el Poder Judicial al
Poder Ejecutivo.
El Acto
Institucional número 4 establecía la proscripción por 15 años de todos los
políticos con actuación en los últimos años, bajo la acusación genérica de
haber colaborado con la subversión o la corrupción. Cuando volviera a haber
actividad política esas personas no podrían participar. El presidente Demicheli
se negó a firmarlo y fue destituido. En su lugar fue designado Aparicio Méndez
(setiembre de 1976).
El Acto
Institucional 5 también “legalizaba” otra situación de hecho: la violación de
los derechos humanos. Establecía que los derechos individuales quedaban
limitados por razones de seguridad nacional. Por su parte el acto 7 dejó las
manos libres al gobierno para “disponer” de los funcionarios públicos es decir
destituirlos sin causa. Esta medida se consideraba importante para limpiar la
administración de la “infiltración subversiva” como lo señaló el Ministro de
Justicia Fernando Bayardo Bengoa.
La
reiterada violación de los derechos humanos (detenidos sin causa, torturas,
destituciones, proscripciones, etc) le causó problemas a la dictadura en el
exterior. Las denuncias realizadas por los exiliados (Wilson Ferreira, Zelmar
Michellini y Enrique Erro entre otros) provocaron la condena de varios países y
de organismos internacionales. Además el presidente de EEUU, James Carter que
en ese momento llevaba adelante una política de fuerte respaldo a los derechos
y de condena a su violación, expresó su desagrado por lo que sucedía en Uruguay
y el Congreso norteamericano suspendió la ayuda militar a nuestro país.
Tal
vez por la condena internacional, tal vez por que pensaba que ya se había
eliminado la “subversión comunista”, el gobierno comenzó a planificar una
salida a largo plazo.
En
un Cónclave reunido en Santa Teresa (agosto de 1977) el gobierno trazó un plan
político en el que se preveía hacer una nueva constitución que se plebiscitaría
en el año 1980 y elecciones para 1981 donde sólo participarían los partidos
tradicionales.
Hasta
ese momento los partidos tradicionales tenían un funcionamiento clandestino
mínimo. Hubo cierta apertura cuando los militares consultaron a
algunos políticos sobre los cambios ha realizar en la constitución. Los
políticos consultados se mostraron en contra del proyecto y los militares volvieron
a criticar a los políticos sosteniendo que “a los vencedores no se le ponen
condiciones”.
A
pesar de las críticas de los políticos, el gobierno siguió adelante con su
proyecto de constitución que claramente se basaba en la doctrina de la
seguridad nacional. Entre otras cosas se preveía la existencia del COSENA (lo
que significaba la presencia permanente de los militares en el gobierno), se
establecía que en las elecciones de 1981 habría un candidato único a la
presidencia y debía contar con el apoyo militar. En materia de derechos humanos
se restringían las libertades: se permitían allanamientos nocturnos, se daba
más plazo para mantener detenida a una persona, se reglamentaba el derecho de
huelga recortándolo. Se creaba un Tribunal de Control Político que tenía
potestades para investigar el funcionamiento de los partidos y sancionar a sus
dirigentes, además se ponía trabas a la formación de nuevos partidos.
EL
PLEBISCITO DE 1980
En
noviembre el gobierno lanzó una fuerte campaña publicitaria para lograr el voto
de apoyo por el SI en el plebiscito a realizarse el último domingo de ese mes.
La propaganda se basaba en “crear un nuevo Uruguay” y “combatir al comunismo
internacional”. La dictadura intentó asociar el voto por el NO con la
subversión y la corrupción política.
Casi
todas las figuras políticas habilitadas (aún se mantenía la proscripción) se
expresaron por el NO. Sólo se expresaron por el SI el colorado
Jorge Pacheco Areco y dentro del Partido Nacional algunos sectores
herreristas y Alberto Gallinal. Los dirigentes de izquierda desde el
exilio la cárcel se pronunciaron en contra de la reforma.
Pero mientras el gobierno disponía de todos los medios de comunicación para
hacer propaganda a favor de la reforma, los opositores no tenían esa
posibilidad. El boca a boca fue importante para difundir los motivos de quienes
se oponían. También se contó con dos medios de comunicación que trataron de
hacer la crítica de la reforma propuesta: el semanario “Opinar” fundado por
Enrique Tarigo y CX30 La Radio a través de las palabras de su director José
Germán Araújo. Ambos medios se convirtieron en símbolos de la resistencia
frente a la dictadura y de la lucha por recuperar la democracia.
En
el plebiscito participó el 85% de los habilitados para votar. Triunfó el NO
(57% de los votantes) por lo tanto el proyecto de constitución presentado por
el gobierno no fue aceptado. Se abría una gran interrogante: ¿qué haría el
gobierno?¿Se haría una apertura democrática? ¿Se volvería más represivo? El
resultado podía interpretarse como un rechazo a una constitución poca
democrática, pero algunos militares podían entenderlo como un rechazo a una
salida constitucional y el mantenimiento de la dictadura.
LA DICTADURA
TRANSICIONAL (1980-84)
Ante
el resultado del plebiscito el gobierno preparó un nuevo plan político que
buscaba la participación de los partidos políticos. En julio de 1981el gobierno
entregó a algunos dirigentes políticos unas “bases para el diálogo” que
establecían un transición de tres años, la designación de un nuevo presidente,
la integración de representantes de los partidos tradicionales en el Consejo de
estado, desproscripciones paulatinas.
El
plan se puso en marcha. Se desproscribió a un centenar de políticos (no los de
primera línea) y se designó un nuevo presidente: el General Gregorio
Alvarez (setiembre de 1981).
Las
Fuerzas armadas crearon una Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) que comenzó
a discutir con los representantes de los partidos las condiciones en que estos
funcionarían. No fue convocado ningún representante de la izquierda. Las
mayores dificultades de entendimiento de los militares fueron con el Partido
Nacional, cuya mayoría se organizó en torno a la figura de Wilson Ferreira,
exiliado en Londres.
El
año 1982 fue clave para el comienzo del fin de la dictadura. Tres hechos
importantes debilitaron al gobierno y aumentaron la fuerza de la oposición:
a) la crisis
económica conocida como el “quiebre de la tablita” que le quitó al gobierno el
apoyo de sectores empresariales;
b) la aparición
pública de organizaciones gremiales de trabajadores y estudiantes (ASCEEP:
Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública);
a) el triunfo de
los sectores más opuestos a la dictadura en las elecciones internas realizadas
en noviembre.
En
junio de 1982 el Consejo de Estado había aprobado el Estatuto por el que debían
regirse los partidos políticos. Inmediatamente comenzaron las movilizaciones
partidarias para las elecciones internas de noviembre. En ellas se
elegirían las autoridades de los partidos tradicionales. Esas autoridades eran
las que después discutirían con los militares el proceso para poner fin a la
dictadura.
Las
internas de 1982.-
Se presentaron
muchas listas (las que se identificaban con tres letras del alfabeto para
evitar usar los números que identificaban a las antiguas listas) pero
inmediatamente aparecieron figuras predominantes. En el Partido Colorado Jorge
Pacheco Areco ( a quien se identificaba con la dictadura por el apoyo que le
había dado a ésta), Julio María Sanguinetti (a quien se veía como representante
de Jorge Batlle que estaba proscrito) y Enrique Tarigo (que aparecía como uno
de los colorados opositores por su campaña por el NO en el 80 y por las
críticas constantes al gobierno hechas en el semanario Opinar y como una figura
política nueva ya que no tenía actuación política anterior al 73). El
acercamiento que hubo entre Sanguinetti y Tarigo llevó a un grupo de jóvenes
colorados que apoyaban a Tarigo a crear su propio sector: la Corriente
Batllista Independiente liderada por Manuel Flores Silva y Victor Vaillant.
En
el Partido Nacional había claramente dos tendencias: una a la que se
identificaba con la dictadura y que tenía entre sus líderes a Alberto Gallinal
y la otra identificada con el Movimiento Por la Patria (Wilson Ferreira) y el
Movimiento de Rocha (Carlos Julio Pereira), opositora. Como ambos dirigentes
estaban proscriptos (Ferreira se mantenía aún en el exterior)no podían formar
parte de la lista que fue encabezada por el historiador Juan Pivel de Voto
El gobierno también
había autorizado el funcionamiento de la Unión Cívica, pero no había permitido
el funcionamiento de los sectores de izquierda que en 1971 habían integrado el
Frente Amplio. Algunos de estos sectores, como el Partido Socialista y el
Partido Demócrata Cristiano reclamaron la posibilidad de presentarse a las
internas pero le fue negada. Entonces a la izquierda se le presentaron dos
posibilidades: o hacer que sus seguidores votaran dentro de los partidos
tradicionales aquellas listas más opositoras a la dictadura o votar en blanco.
En un primer momento el Partido Comunista, que en el exterior coordinaba
acciones con exiliados blancos de la línea wilsonista, se pronunció a favor de
que sus afiliados votaran por la lista identificada con Wilson Ferreira. Pro
otros sectores del Frente Amplio, siguiendo la recomendación de su líder Liber
Seregni, aún preso, optaron por el voto en blanco.
El
gobierno liberalizó las condiciones políticas para permitir el desarrollo de la
campaña electoral. Hubo mayor libertad de prensa, reuniones y concentraciones
callejeras. La campaña se fue radicalizando ya que todas las actividades
políticas eran aprovechadas por la población para expresar sus críticas y
desaprobación al gobierno. Este reaccionó cerrando algunos medios de prensa y
procesando a algunos dirigentes.
Las
elecciones se realizaron el 28 de noviembre de 1982. Concurrió a votar el 60%
de los habilitados. Los sectores simpatizantes con la dictadura fueron
ampliamente derrotados. Dentro de los blancos se consolidó la postura intransigente
frente al régimen que tenían Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereira. Dentro del
P. Colorado la derrota del pachequismo abría el camino para Sanguinetti y
Tarigo. Ambos sectores ganadores quedaban confirmados como representantes de la
mayoría de la población. La importante cantidad de votos en blanco (85.377
votos) demostraba la existencia de una izquierda que no se podía desconocer.
Al
gobierno la situación se le había complicado: ahora los partidos estaban
legitimados y los dirigentes políticos con quienes tenían que dialogar la
“salida” tenían el respaldo de la gente, a pesar la durísima crítica que la
dictadura había hecho desde 1973 a “los políticos”.
1983:
año de conversaciones y movilizaciones.-
El
resultado de las internas, como había sucedido con el intento de reformar la
constitución en 1980, era una clara derrota para el gobierno. Dentro de este
comenzaron a hacerse notar diferencias. Por un lado los sectores que querían
buscar una salida y dejar el gobierno en manos de civiles (aunque con la tutela
de los militares) y aquellos que querían crear un partido del proceso. Dentro
de esta postura estaba, entre otros el presidente Gregorio Alvarez, como quedó
claro en un discurso realizado en la localidad de Aceguá.
En
el mes de mayo en el Parque Hotel comenzó el diálogo entre militares y
políticos sobre la futura constitución. Pero las conversaciones no avanzaron
mucho: los militares planteaban la futura constitución en términos parecidos
ala rechazada en 1980. Además se endureció la censura a la prensa y se
detuvieron dirigentes políticos, acciones que se atribuyeron a Alvarez, que
parecía no estar de acuerdo con la salida y quería “enturviar” el diálogo. Al
suspenderse las conversaciones, el gobierno prohibió la actividad de los
partidos políticos y amenazó en aprobar por su cuenta la nueva constitución.
Mientras
se paralizaban las conversaciones, aumentaron las movilizaciones populares,
realizadas sobretodo por gremios de trabajadores y estudiantes. En abril se
había formado el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que el 1° de
mayo había conmemorado el día de los trabajadores con una gran concentración
luego de 10 años de prohibición. A partir fueron frecuentes las movilizaciones
tanto para reclamar por cuestiones puramente gremiales como para reclamar por
el retorno a la democracia. También los estudiantes organizados en ASCEEP se
movilizaban, siendo su actividad más importante la realización de “La semana
del estudiante” en setiembre de ese año que culminó con una multitudinaria
manifestación. A estas movilizaciones hay que agregar la formación de la
intersectorial, formada por los gremios, los partidos, cooperativas de
vivienda, etc que impulsaron las “caceroleadas” a partir del mes de agosto.
Las
movilizaciones tuvieron su punto culminante en la concentración realizada en el
Obelisco de los Constituyentes el 27 de noviembre. En ese acto se reunieron más
de 400 mil personas que escucharon una proclama leída por el actor Alberto
Candeau. En el acto había un estrado donde se ubicaron las principales figuras
de la oposición a al dictadura; lo novedoso fue además de las figuras políticas
de los partidos tradicionales, también se encontraba figuras de la izquierda.
Pero
a pesar de las manifestaciones en conjunto realizadas por todos los partidos,
se comenzaban a notar diferentes enfoques sobre la “salida” de la dictadura
entre blancos y colorados. Era evidente que los militares buscaban la mejor
salida para él, es decir alejarse del poder sin tener que rendir cuentas. Los
colorados, con Sanguinetti perfilándose como máximo líder buscaban una salida
negociada y moderada que implicaba aceptar algunos de los planteos militares.
Por su parte la mayoría blanca quería negociar desde una posición de
fuerza y ponía como condición para cualquier diálogo la desproscripción de
Wilson Ferreira. Sanguinetti le comunicó a Ferreira en una reunión que tuvieron
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) que el P. Colorado estaba dispuesto a
llegar a un acuerdo con los militares, aún sin el P. Nacional. Pero no parecía
legítimo un acuerdo sólo con los colorados. La Unión Cívica era otro de los
partidos habilitados pero tenía escaso respaldo popular, por lo tanto no era
suficiente su participación en un posible acuerdo. Por otro lado no se podía
negar la existencia de la izquierda en la calle, aunque seguía proscripta.
Podemos especular que la estrategia de quienes querían una salida negociada
apuntó a permitir la actividad de cierta parte de la izquierda para tener otro
partido para dialogar y posiblemente acordar.
1984:
EL AÑO DE LA SALIDA
En marzo de 1984 se
produjo la liberación de Liber Seregni. En sus primeas palabras desde el balcón
de su apartamento anunció, refiriéndose al Frente Amplio, “somos una fuerza
pacífica y pacificadora”, dando a entender la posibilidad de integrar a la
izquierda en el diálogo para la salida de la dictadura.
El
P. Nacional dio a conocer su intención de recoger firmas para convocar a un
plebiscito para reformar la constitución. Tanto el P. Colorado como la
izquierda no estuvieron de acuerdo. Entonces el P. Nacional anunció que no iba
a seguir negociando y que no haría ningún acuerdo si se mantenían las
proscripciones. Wilson Ferreira que se había trasladado desde Londres a Buenos
Aires, anunció su pronto regreso al país, a pesar de había una orden de captura
contra él. Los colorados consideraron que la actitud de confrontación de
Ferreira podía perjudicar el diálogo y favorecer a los sectores duros del
gobierno.
El
16 de junio Ferreira regresó al país. Un gran despliegue militar esperó su
llegada al puerto de Montevideo; fue detenido y recluido en un cuartel en
Florida. Algunos blancos esperaban que la llegada de Ferreira provocaría tal
conmoción que provocaría la caída de la dictadura. Pero no sucedió así. los
colorados mantuvieron su actitud negociadora y los militares, que se habían
opuesto a la posibilidad de que la izquierda volviera a existir, se dieron cuenta
que necesitaban otro sector político que participara de los posibles acuerdos.
Empezaron a considerar la posibilidad de que algunos sectores del Frente Amplio
fueran permitidos e incluidos en el diálogo.
En
julio se reinició el diálogo entre los militares y los representantes del P.
Colorado, la Unión Cívica y de algunos sectores del Frente Amplio (P.
Socialista y Partido Demócrata Cristiano). Las reuniones se realizaron por casi
un mes y culminaron en un acuerdo realizado en el Club Naval. En noviembre se
realizarían elecciones y se harían algunas reformas transitorias a la
constitución referidas al ascenso de los oficiales militares y la designación
de los comandantes de las tres armas. Los sectores políticos solicitaron la
libertad de Ferreira para que el P. Nacional se incorporara al acuerdo, pero
los militares respondieron que era la justicia militar la que debía resolver.
No se trató el tema de la violación de los derechos humanos, pero en la opinión
de los militares no había posibilidad de “revisión” de lo que ellos llamaban
“la lucha antisubversiva”.
El
acuerdo fue rechazado por el P. Nacional que habló de un “pacto del Club Naval”
entre Sanguinetti y Hugo Medina (Comandante del Ejército) para dejar afuera de
las elecciones a Ferreira y facilitar el triunfo del P. Colorado. A cambio,
decía el P. Nacional, Sanguinetti hizo concesiones a los militares que
significaban reconocer la dictadura. Acusó al Frente Amplio de haber prestado
apoyo a ese “pacto”.
El
P. Colorado consideraba que el acuerdo logrado era el único camino responsable
para salir de la dictadura, ya que si no había acuerdo los militares seguían en
el poder.
Para
el Frente Amplio el diálogo y el acuerdo con los militares era la forma de recuperar
su legalidad y participar de la toma de decisiones. Si bien mantenía varios
sectores y muchos dirigentes proscriptos (como Seregni), recuperaba la
posibilidad de actuar públicamente y salir de la clandestinidad.
LAS ELECCIONES DE
1984
El
15 de agosto de 1984 se dictó el Acto Institucional 19 que recogía el acuerdo
entre los militares y los partidos políticos (Colorado, Frente Amplio, Unión
Cívica). Allí se establecía la convocatoria a elecciones para el mes de
noviembre y las normas transitorias que se agregarían a la Constitución.
En
esa misma fecha se creó la Concertación Nacional Programática (CONAPRO),
organismo integrado por los partidos políticos y organizaciones sociales con el
objetivo de establecer objetivos comunes en economía, educación, salud, etc que
llevaría acabo el futuro gobierno.
Para
las elecciones presidenciales el P. Colorado presentó dos candidaturas:
Sanguinetti (con Enrique Tarigo como vice) que reunía a los sectores batllistas
y Jorge Pacheco Areco. En el P. Nacional se presentaron tres
candidatos. El sector mayoritario (Movimientos Por la Patria y de Rocha) al
tener a su lider Ferreira preso y proscripto, designó como candidato a Alberto
Zumarán (acompañado de Gonzalo Aguirre a la vice-presidencia). Además eran
candidatos Dardo Ortiz (por sectores herreristas) y Carlos Paysée (último
intendente de Montevideo durante la dictadura y claramente identificado con
ésta). El Frente Amplio que tenía a su lider Seregni proscripto, presentó como
candidato a José Crotoggini acompañado por José D’Elía, dirigente de la CNT.
Las
elecciones del 25 de noviembre le dieron el triunfo al P. Colorado y dentro de
él a Sanguinetti Su candidatura recogió muchos votos extrapartidarios (seguramente
blancos) que lo veían como el único garante de una salida moderada y pacífica.
Su campaña publicitaria en la que se mostraba como “el cambio en paz” atraía
votantes que querían cambios pero no sobresaltos. El P. Nacional perdió votos:
porque muchos blancos se asustaron por el nivel de enfrentamiento con los
militares y porque Zumarán no pudo suplantar el carisma de Ferreira. Este fue
liberado 5 días después de las elecciones.
El
Frente Amplio se mantuvo como tercera fuerza política afirmando su presencia en
el mapa electoral a aunque muchos de sus dirigentes estaban aún proscritos y a
pesar de la persecución que sufrió durante la dictadura.
LA ECONOMÍA DURANTE
LA DICTADURA
La evolución
de la economía durante la dictadura se puede dividir en tres etapas.
PRIMERA
ETAPA: LAS REGLAS DEL MERCADO (1974-78)
Antes
del golpe de estado, en 1972, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto había
elaborado un Plan Nacional de desarrollo para ser aplicado por cinco años. El
plan se basaba en las ideas del neoliberalismo. Era la adaptación de las viejas
ideas del liberalismo del siglo XVIII según las cuales la economía se
autoregula o está regulada por leyes naturales (como la ley de
oferta y demanda), con las que el estado no debe interferir. “El mercado debe
ser el asignador de recursos”, es decir que el mercado (todos los individuos
que forman parte de una sociedad) a través de lo que hacen (consumo, trabajo,
inversiones) establecen los pecios de los productos, el salario, etc.
El
plan elaborado en 1972 consideraba que la economía uruguaya se había estancado
por la perdida de importancia del mercado frente al estado y por la
desvinculación del Uruguay a lo que pasaba en la economía mundial. Proponía
devolver al mercado su rol en la asignación de recursos disminuyendo la
actividad del estado y que los agentes productivos (empresarios, trabajadores,
etc) tomaran libremente sus decisiones. Había que abrir la economía del país
(apertura económica) al comercio y a las inversiones internacionales eliminando
impuestos aduaneros y trabas legales.
Este
plan, elaborado para el gobierno de Bordaberry, fue implementado por este mismo
presidente luego del golpe de estado a través del Ministro de Economía
Alejandro Vegh Villegas.
Se inició la
apertura económica con la libertad de cambio de moneda extranjera y de
movimientos de capitales. En marzo de 1976 se decretó el fin del uso forzoso
del peso dentro del país, abriendo camino para la “dolarización”. Para las
importaciones se eliminó la obligación de los importadores de hacer un depósito
previo y se redujeron los impuestos aduaneros.
Se
favoreció a las inversiones extranjeras, al dejarles libertad para disponer de
sus ganancias (podían retirarlas del país).
Se
intentó promover las industrias en el sector de las exportaciones no
tradicionales, como una forma de aumentar las ventas al exterior ante el
estancamiento de las exportaciones tradicionales. La Comunidad Económica Europea
había tomado medidas proteccionistas cerrando sus mercados al ingreso de carne
perjudicando las exportaciones de Uruguay. Antes con lo obtenido por la
exportación de carne se podía pagar buena parte del petróleo importado. Pero
con el aumento del precio del petróleo y la caída de las exportaciones de carne
hubo que recurrir a las reservas en dólares para pagar las cuentas.
El
gobierno fijó los salarios y las jubilaciones, mientras los precios de los
productos se fueron liberando. En 1974 había precios fijados al 94% de los
productos de la canasta familiar; en 1978 se habían reducido al 51%
de esos productos. Al quedar libres algunos de esos precios aumentaron,
mientras los salarios, sólo aumentaban cuando el gobierno lo decidía. Y el gobierno
decidía escasos aumentos salariales porque se basaba en la idea neoliberal de
que el aumento de salarios podía provocar un exceso de
circulante (dinero disponible) y esto llevaría a la inflación
(aumento de precios). Hay que tener en cuenta que los sindicatos estaban
prohibidos y los trabajadores no podían organizarse para hacer reclamos.
Si
observamos los resultados vemos un crecimiento del producto bruto interno (3,8%
anual) que se dio especialmente en la construcción, el comercio y en la
industria textil, de aparatos eléctricos y papel. Aumentaron las exportaciones
no tradicionales (del 38% al 70%). También aumentaron las importaciones por lo
que se mantuvo el déficit de la balanza comercial. Hubo un aumento de las
inversiones extranjeras, destacándose el ingreso de capitales argentinos en
negocios inmobiliarios que provocaron el “boom” de la construcción en Punta del
Este. Aumentó la deuda externa, bajó la inflación y también bajaron los
salarios.
SEGUNDA
ETAPA: LA TABLITA (1978-1982)
La segunda etapa
corresponde al período en que el Ministerio de Economía estuvo a cargo de
Valentín Arismendi tras la renuncia de Alejandro Vegh Villegas.
Para
abrir más la economía del Uruguay al exterior se siguieron bajando los
impuestos aduaneros y además se redujeron los subsidios a las industrias
nacionales, para que estas se vieran obligadas a “ser eficientes” y competir
con las importaciones sin apoyo estatal.
Se
utilizó un sistema de fijación del valor oficial del cambio de dólares (el
valor que el estado le daba a esa moneda en territorio nacional) preanunciando
su valor a futuro. De esta manera alguien se podía endeudar en dólares con la
tranquilidad de saber cuando valdría el dólar en los siguientes meses. Este
sistema de fijación anticipada del dólar se conoció popularmente como “la
tablita”. Como el valor del dólar de la tablita aumentó menos que los precios
dentro del Uruguay, aumentaron las importaciones.
Se
privilegió la actividad financiera (bancaria). Se eliminaron los encajes
bancarios obligatorios (cantidad mínima de dinero que los bancos debían siempre
mantener en depósito), se amplió el posibilidad de endeudamiento e los bancos y
se liberó la tasa de interés. Los bancos aumentaron las tasa de interés que
pagaban por los depósitos lo cual atrajo depositantes de adentro y fuera del
país. De esta manera se favorecía la especulación sobre la producción porque
muchos capitales se depositaron para obtener una tasa más alta de ganancia en
los bancos en lugar de invertirlos en industrias, comercio, etc. Los depósitos
en los bancos se hacían en dólares y los préstamos de los bancos también se
hacían en esa moneda.
El
producto bruto interno siguió creciendo como en la etapa anterior, pero por el
mantenimiento de las construcciones privadas en Punta del este y Montevideo
y por las obras públicas (como la represa de Salto Grande) mientras
caía la producción industrial.
En
1982 dejaron de ingresar capitales extranjeros. El déficit del estado (gastos)
era importante. El sector productivo especialmente pequeños y medianos
productores agropecuarios e industriales, se había endeudado en dólares. Debido
alas altas tasas de interés y la caída de sus ventas esos productores no pudieron
pagar los préstamos y los bancos pidieron ayuda al estado para que se hiciera
cargo de esas deudas. El Banco Central así lo hizo (la compra de carteras
pesadas). Como lo expresa el historiador Benjamín Nahum los bancos privados,
para salvarse del desastre reclamaron el salvataje del estado que, según esos
mismos bancos y las ideas sostenidas desde el gobierno, no debía intervenir en
la economía para que esta funcionara “naturalmente”.
Al
hacerse cargo de esas deudas y salvar a los bancos el estado se
endeudó aún más con el exterior. Finalmente, en noviembre de 1982, días antes
de las elecciones internas de los partidos, convocadas por la dictadura, el
Ministerio de Economía anunció el fin de la tablita, o sea el fin del valor del
dólar prefijado. El valor del dólar aumentó inmediatamente, pasando en dos días
de 13 a 39 pesos. Días antes, entrevistado el ministro Arismendi sobre la
posibilidad que el dólar subiera había dicho enfáticamente “sólo un marciano
puede creer eso”.
El
aumento del dólar perjudicó a todos aquellos que se habían endeudado en esta
moneda, tanto productores con préstamos bancarios como consumidores que habían
comprado a plazos. Cientos de empresas quebraron.
TERCERA
ETAPA: EL DESASTRE (1982-1984)
La elevada deuda
externa obligó al gobierno a refinanciarla a través del FMI. En febrero de 1983
se firmó un acuerdo con este organismo donde Uruguay aceptaba las “recetas” que
aquel imponía a los países endeudados: obtener un equilibrio en el presupuesto,
limitar los gastos del estado disminuyendo la asistencia social (salud,
educación, etc), comprimir los salarios (no aumentar los salarios, mantenerlos
por debajo de la inflación), controlar la cantidad de dinero circulante, evitar
el proteccionismo. Para cumplir con estas recomendaciones el gobierno
dictatorial aumentó el impuesto al consumo (IVA) que pasó del 8 al 12%; aumentó
las tarifas públicas (entre 25 y 50%); se redujeron los impuestos aduaneros.
En
estos dos años finales de la dictadura se vieron las consecuencias de la
“crisis de la tablita”: disminuyó la producción (en el sector industrial un
25%), el salario real descendió un 20% en 1983, disminuyó el consumo provocando
la caída de las importaciones (lo que permitió el superávit comercial), muchos
depósitos bancarios se fueron el país al bajar los intereses y aumentó la deuda
externa ( mil millones de dólares en 1984, lo que equivalía a las exportaciones
de 5 años).
El
gobierno decidió no pagar los vencimientos y refinanciar pagando interese más
altos, lo que significaba pasar la enorme deuda para los futuros gobiernos.
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