La dictadura cívico militar (1973-1985)
Destacado Social Articulistas Histórico
Autor: Larrobla, Carla
Antecedentes del Golpe de Estado de 1973
El Golpe de Estado de 1973 estuvo precedido por un proceso de crisis gradual del sistema político cuyo inicio podría fecharse en 19671. Caracterizado por el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho, este período ha sido denominado por Álvaro Rico como “el camino democrático de la dictadura”2, donde se asistió a una auto-transformación del Estado de Derecho en Estado policial.
La agudización de la violencia es otro de los elementos que permiten caracterizar los años previos a la dictadura. La irrupción de la lucha armada como camino de transformación impulsada por algunas organizaciones políticas, como fue el caso del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN), se inscriben en un clima de agitación revolucionaria que trasciende a la esfera nacional. Las movilizaciones sociales crecientes fueron acompañadas por los procesos de unidad sindical y de la izquierda uruguaya. Estos procesos culminan con la formación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1964 y del Frente Amplio en 1971.
En contrapartida las prácticas represivas por parte del Estado se fueron extendiendo y profundizando. La aplicación sistemática de la tortura a los detenidos fue denunciada en reiteradas ocasiones al tiempo que aumentaban las acciones de los grupos de ultra derecha.
El avance del autoritarismo a nivel de la esfera pública provocó la reestructuración del mundo privado, instalando el clima de sospecha, la duda, la desconfianza. El miedo comenzó a calar hondo en la sociedad uruguaya. Las Medidas Prontas de Seguridad fueron utilizadas de forma sistemática por parte del gobierno en aras de combatir a la “subversión” que era representada tanto por la guerrilla como por todos aquellos que respondían al “marxismo internacional”.
En enero de 1972, Juan María Bordaberry asumía la presidencia de la República como el nuevo mandatario electo. El 14 de abril del mismo año, el MLN lanzó su plan de ofensiva contra el grupo de ultra derecha “Escuadrón de la Muerte”. Luego de una jornada sangrienta que culminó con 11 personas asesinadas3; el Parlamento declaró el “Estado de Guerra Interno” que se extendió hasta el 10 de julio de 1972 con la aprobación de “Ley de Seguridad del Estado” (que estará vigente durante toda la dictadura). De esta manera quedaban suspendidas las garantías individuales.
El deterioro de la democracia era visible para todos los sectores políticos y para la población en general mientras que la injerencia de los militares en la vida pública iba creciendo. Una vez finalizada la fuerte contraofensiva militar contra el MLN que logró desmantelar a la organización, el Presidente mostró claras intenciones de alejar de escena a las Fuerzas Armadas.
Llegamos, de esta manera, a la crisis de febrero de 1973. Ante el nombramiento del Gral. Antonio Francese para el cargo de Ministro de Defensa Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea emitieron, el 8 de febrero un comunicado solicitando al Presidente que relevara del cargo al nuevo ministro. Por su lado, la Armada Nacional, fiel a Bordaberry ocupó la Ciudad Vieja, bloqueándola en señal de apoyo.
Paralelamente el Ejercito y la Fuerza Aérea, emitieron los comunicados 4 y 7 -el 9 y 10 de febrero. Éstos provocaron una gran confusión en diversos sectores políticos y sociales que apoyaron la postura de los militares al considerarlas más progresistas que las que representaba el Poder Ejecutivo. De esta forma se produjo un mayor aislamiento del Presidente que veía como se multiplicaban las voces que pedían su renuncia. Ante esta situación, es Bordaberry quien pone punto final a la crisis institucional, tras acordar con los militares el 13 de febrero de 1973, en lo que ha sido llamado el “Pacto de Boisso Lanza”. En el mismo se estipuló la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente, algunos ministros, los Comandantes de las tres armas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país quedaba, así, institucionalizada.
El 25 de abril de 1973, el Poder Ejecutivo solicitó al Senado el desafuero del Senador Enrique Erro, por supuestas vinculaciones con el MLN- T, el cual será rechazado por la Cámara de Representantes, por un solo voto de diferencia. Las discusiones que se generaron al respecto del desafuero agudizaron las tensiones entre el elenco parlamentario y los mandos castrenses.
El 1º de junio Bordaberry reimplanta las Medidas Prontas de Seguridad, provocando el retiro del apoyo de la “Lista 15” al gobierno. Los conflictos con los partidos políticos siguen profundizándose: es detenido el presidente del Directorio del Partido Nacional al tiempo que se anuncia el envío por parte del Ejecutivo del pedido de desafuero del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz. La crisis política se agravaba cada vez más.
Golpe de Estado y Huelga General
En la madrugada del 27 de junio, el Presidente Juan María Bordaberry firmó, junto a los Ministros de Defensa e Interior, el decreto de disolución del Parlamento. De esta manera es el presidente electo constitucionalmente quien “…en dicho acto (autogolpe) deviene dictador de facto. No existió, pues, ni usurpación, ni vacío, sino continuidad y unidad del poder estatal…”4
La respuesta de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) fue inmediata y la Huelga General fue declarada el mismo 27 de junio, procediéndose a la ocupación -por parte de los obreros- de los lugares de trabajo. Esta medida fue acompañada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsando la paralización de las actividades curriculares y la ocupación de los centros de estudio. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y el 30 de junio se emitió el decreto de disolución de la CNT y se dispuso la clausura de sus locales y el arresto de dirigentes sindicales. El 11 de julio la central decidió levantar la huelga en el marco de una represión creciente que provocó que el gobierno debiera habilitar el Cilindro Municipal como centro de detención, debido a que la capacidad de las cárceles y de otros establecimientos de reclusión se encontraba saturada.
La Huelga General se extendió a lo largo de 15 días y fue acompañada por distintas acciones del movimiento popular: manifestaciones relámpago (la más significativa de ellas fue la realizada el 9 de julio sobre la avenida 18 de julio5), reorganización inmediata de las ocupaciones luego de los desalojos, volanteadas, pintadas; llegando a realizarse el simbólico acto de apagar la llama de la refinería de ANCAP, ubicada en el barrio La Teja.
Como contraparte, la política represiva desplegada por el gobierno dejó como saldo cientos de detenidos y heridos y dos trabajadores asesinados: Walter Medina (6 de julio) y Ramón Peré (9 de julio).
En lo que refiere al movimiento estudiantil, las autoridades decidieron realizar en setiembre de 1973, las elecciones universitarias bajo el control de la Corte Electoral. En todos los servicios universitarios triunfaron los sectores de oposición a la dictadura, convirtiendo a este acto eleccionario en un fracaso para los objetivos del gobierno. A esta instancia se le suma el suceso del 27 de octubre de 1973, donde luego de la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, fue intervenida la Universidad de la República al tiempo que fueron detenidos el Rector y la mayoría de los Decanos. A partir de ese momento se inició un proceso de depuración de los principales cuadros docentes universitarios. Por último el 28 de noviembre fueron ilegalizadas las actividades de casi todos los partidos o grupos de izquierda y de la FEUU.
Breve síntesis del proceso político de la dictadura
El 27 de junio de 1973 comenzó a organizarse el aparato institucional que daría forma al gobierno de facto. De esta manera, a través del mismo decreto que disolvió el Parlamento, se creó el Consejo de Estado, cuyas atribuciones fueron: desempeñar las funciones de la Asamblea General y controlar la gestión del Poder Ejecutivo en lo referente al respeto a los derechos individuales y a las normas constitucionales y legales. A su vez debía elaborar un anteproyecto de reforma constitucional. Dicho Consejo inició sus funciones el 19 de diciembre de 1973 siendo su primer presidente el ex senador nacionalista Martin Echegoyen.
El mismo día del Golpe de Estado se emitió el decreto de disolución de las Juntas Departamentales que fueron sustituidas por las Juntas de Vecinos, cuyos miembros (nueve para Montevideo y siete para las 18 restantes) serían designados por el Poder Ejecutivo. Las principales funciones gubernamentales fueron absorbidas por las Intendencias Municipales. Cabe señalar que la totalidad de los intendentes fueron confirmados en sus cargos, registrándose sólo la renuncia del Prof. Amaral, intendente de Rocha.
El ya mencionado decreto del 28 de noviembre de 19736 ilegalizó a los siguientes partidos o grupos políticos: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Movimiento 26 de marzo, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Comunista del Uruguay (PCU), Partido Socialista (PS), Unión Popular y Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
La participación de las Fuerzas Armadas había sido institucionalizada en febrero de 1973, tras la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) cuya integración era mixta en tanto participaban civiles y militares. Éste organismo y la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) de las tres Armas, jugaron un papel fundamental durante el proceso dictatorial tanto para la coordinación de la gestión gubernamental como para la planificación de medidas políticas y represivas.
Bajo los principios rectores de la Doctrina de Seguridad nacional (DSN) se aprobó en 1974 una nueva Ley Orgánica Militar, que completaba la institucionalización del COSENA, la JCJ y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO).
A partir de ese año, el número de funcionarios militares que comenzaron a ocupar cargos en el aparato estatal fue aumentado considerablemente. Este proceso de “militarización” del Estado implicó que integrantes de las Fuerzas Armadas fueran designados como interventores de distintos Entes Autónomos y para distintos cargos dentro de la administración pública. Estas medidas se enmarcan dentro de una política de control y vigilancia de la sociedad civil comprendida dentro de la lógica de combate al enemigo interno.
Como mecanismo para fortalecer la idea de un proyecto nacional, 1975 fue fijado como el “Año de la Orientalidad” en el marco de los festejos del “Sequiscentenario de los Hechos Históricos de 1825”. Toda una serie de dispositivos conmemorativos se desplegaron en el correr del mismo año en el que comienzan a manifestarse las primeras divergencias entre el elenco castrense y el presidente Juan María Bordaberry.
Estas diferencias se pusieron de manifiesto a la hora de definir el camino que debía tomar el gobierno en 1976 (año en el que – constitucionalmente- deberían ser realizadas las elecciones nacionales). Los planteos de Bordaberry se orientaban a la fundación de un nuevo régimen político donde el sistema de partidos como tal no tendría cabida. Este último punto resultó inadmisible para los mandos militares que decidieron la destitución del presidente el 12 de junio de 1976.
A partir de ese momento asumió -de forma transitoria- la presidencia Alberto Demicheli, quien pertenecía al Partido Colorado, y las elecciones previstas para ese año fueron suspendidas. Se creó el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales y que, entre sus facultades, poseía la potestad de designar al Presidente así como a los miembros del Consejo de Estado y de otros ámbitos gubernamentales de extrema importancia. Pocos meses después, el 1º de setiembre de 1976, la presidencia de la República pasó a manos de Aparicio Méndez, de filiación blanca.
Una de las primeras medidas de Méndez fue la firma de una serie de Actos Institucionales, dentro de los cuales se estableció la proscripción de toda actividad política. Estos actos constituían una serie de normas de carácter constitucional que sustituían a la Carta Magna en tanto se proyectaba una reforma de la misma.
A partir de ese momento asistimos a lo que Carlos Demasi denomina como “giro castrense” que no implicó el alejamiento de los civiles del gobierno “…pero definió de otra forma las reglas de su participación: los cuadros políticos debían esperar autorización para hablar en público, o aleccionar a algún militar para que fuera este el que hablara.”7
En agosto de 1977 los comandantes presentaron un “Cronograma político” donde se anunciaba la realización de elecciones para 1981 con una única candidatura y la apertura a más candidatos para 1986. Al mismo tiempo expresaron su voluntad de realizar una reforma constitucional en aras de legitimar las transformaciones introducidas por medio de los actos institucionales.
El acto plebiscitario se produjo el 30 de noviembre de 1980 y la población debía manifestarse por “Si” o por “No” al proyecto constitucional. Esta instancia significó la derrota del proyecto impulsado por la dictadura tras la victoria del “No” por 57,9% de los votos. Los momentos previos al plebiscito implicaron una gran movilización política; las autoridades desplegaron una gran campaña publicitaria mientras que aquellos que se oponían a la dictadura realizaron las más diversas actividades propagandísticas tanto de forma clandestina como en el marco de una restringida legalidad. A partir de esta derrota se abre una nueva etapa del proceso político.
En 1981 se aprobó el Acto Institucional Nº 11 donde se establecía una transición de tres años, y se preveía que en 1982 se realizarían elecciones internas en los partidos políticos autorizados: Partido Colorado, Partido Nacional y la Unión Cívica. Por el mismo acto se designaba un nuevo presidente; cargo que el 1º de setiembre asumió el Teniente General ® Gregorio Álvarez.
En lo que respecta a las elecciones internas, las mismas implicaron la desproscripción de una buena parte de la oposición y la reactivación de la vida política. Los partidos acordaron las candidaturas a presentar y quedaron establecidas claramente dos alternativas: los opositores a la dictadura y los que apoyaban al gobierno de facto.
La exclusión de la izquierda suscitó que se organizara un movimiento que promovía el voto en blanco como forma de expresar el apoyo al Frente Amplio. Sin embargo no faltaron los debates entre los diferentes sectores que conformaban la coalición sobre cómo actuar frente a las elecciones internas. La iniciativa del voto en blanco fue impulsada por el Gral. Líber Seregni desde la prisión y, pese algunas opiniones que se inclinaban por el apoyo a los sectores progresistas de los partidos tradicionales; la izquierda se alineó en torno a esta propuesta. Desde el exterior y en la clandestinidad, los militantes se movilizaron para marcar la presencia y vigencia del Frente Amplio.
Las elecciones se llevaron a cabo el 28 de noviembre de 1982, el 60,61% de los habilitados a votar concurrieron a los comicios y resultaron ganadoras las listas opositoras a la dictadura. A partir de ese momento comenzaron a funcionar las Convenciones partidarias y se iniciaron las conversaciones con el gobierno para pautar los caminos a seguir para la salida de la dictadura. Las primeras conversaciones se llevaron a cabo entre mayo y julio de 1983 en el Parque Hotel y duraron hasta que los partidos decidieron abandonarlas por entender que era inadmisible continuar las negociaciones en tanto se mantenían las prácticas represivas.
Al mismo tiempo, buena parte de la sociedad uruguaya comenzaba a movilizarse; varios espacios culturales brindaron un lugar para el desarrollo de acciones de resistencia, profundizando diversos mecanismos que se habían desarrollado a lo largo de los años de opresión para, por ejemplo, burlar la censura. Los gremios comenzaron, paulatinamente, a reactivarse. En ese sentido el gobierno autorizó la creación de asociaciones de trabajadores por empresa que se nucleó en el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y permitió la realización de un acto para el 1º de mayo de 1983, que resultó multitudinario. El movimiento estudiantil, por su parte, conformó la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP).
Hacia mediados de 1983 comenzaron los primeros apagones y caceroleos masivos como forma de expresar el repudio a la dictadura y en setiembre se realizó la “semana del estudiante” con una convocatoria altamente exitosa. En este marco de creciente movilización social fue creada la “Intersectorial” como espacio de coordinación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales. El momento culmine de este proceso fue el acto del 27 de noviembre llevado a cabo en los alrededores del Obelisco de Montevideo y bajo la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”.
En julio de 1984 se reiniciaron las conversaciones entre los partidos y los militares, pero esta vez el ausente fue el Partido Nacional. La negativa de los “blancos” se debía a la reclusión a la que era sometido Wilson Ferreira Aldunate, líder del sector más “progresista”, quien había regresado al país el 16 de junio siendo detenido de forma inmediata. De esta manera las negociaciones fueron llevadas adelante por el Partido Colorado, la Unión Cívica y la izquierda (cuyo principal dirigente, Líber Seregni, ya había sido liberado pero se encontraba proscripto).
Como resultado de las primeras conversaciones se fueron derogando algunos de los Actos Institucionales, y se inició la liberación gradual de los presos políticos. Al mismo tiempo se anunció la desprocripción del Frente Amplio pero se mantenía ilegal al Partido Comunista.
El 23 de agosto de 1984, en el Club Naval se concretó el acuerdo entre militares y políticos y se fijaron las elecciones para noviembre. En setiembre se organizó, con la participación de los partidos políticos y distintas organizaciones sociales, la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Este espacio tenía como objetivo lograr acuerdos y fijar criterios para el futuro gobierno democrático.
El 25 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones nacionales, muchos políticos continuaban proscriptos y varios miles de ciudadanos tenían vetada la posibilidad de votar. La victoria recayó en el Partido Colorado y el 1º de marzo de 1985 asumió la presidencia, el Dr. Julio María Sanguinetti.
La política económica: Profundización y fracaso de la liberalización
En 1973 se realizaron dos cónclaves8 de gobierno; el primero de ellos se llevó a cabo a fines de agosto en el fuerte de San Miguel en el departamento de Rocha. El segundo se realizó en el mes de octubre en el departamento de Colonia. Allí se establecieron las pautas de las acciones económicas que se iban a desarrollar bajo la idea motora de liberalizar la economía y siguiendo las indicaciones esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y aprobado por el PE el 4 de abril de 1973. Algunas de las premisas planteadas en dicho plan eran: limitar el papel del Estado en materia de intervención económica, realizar una apertura económica hacia el exterior, jerarquizar el papel del empresario privado y promover el ingreso de capitales extranjeros.
La crisis del petróleo que se produce en el mes de octubre provocó la necesidad de ajustar algunos de los lineamientos planteados, debido a que al alza del precio del crudo y el cierre del mercado europeo generaron un desequilibro externo que debía ser enfrentado a través de la imposición de ciertas medidas económicas. Es así que el rol de Estado se mantiene, en algunos sentidos, como intervencionista; esta experiencia económica ha sido denominada por Jorge Notaro como “intervencionismo reestructurador”.9 De esta forma y con el objetivo de impulsar la diversificación de las exportaciones, se tomaron algunas medidas que procuraban incentivar al sector agro-industrial: exoneración impositiva para algunos productos, líneas de crédito preferenciales y facilidades fiscales. Todos aquellos productos que eran exportables fueron declarados de interés nacional.
En 1974 la JCJ comenzó a participar activamente en el Consejo Económico y Social que asistía al gobierno en materia económica al tiempo que oficiaba de contralor de que se siguieran las medidas acordadas en los cónclaves mencionados. En julio del mismo año, Alejandro Végh Villegas asumió como Ministro de Economía logrando concretar algunas de las medidas liberalizadoras iniciadas en 1973 así como el fortalecimiento de la producción nacional.
Para atraer a los capitales extranjeros se implementaron diversas medidas: se promulgó la Ley de inversiones extranjeras, se promovió la reducción del costo de la mano de obra y se dio inicio a un intenso proceso de liberalización y apertura del sistema financiero uruguayo y del mercado cambiario. En mayo de 1975 se aprobó la ley de libre convertibilidad del peso uruguayo para los movimientos financieros y la libre transferibilidad de capitales. En marzo de 1976 se eliminó el curso forzoso de la moneda nacional y unos meses después se liberaron los topes de posiciones en moneda extranjera de los bancos. Jaime Yaffé expresa que: “al cabo de este proceso el mercado financiero uruguayo quedó completamente liberalizado lo mismo que los movimientos de capitales desde y hacia el país, iniciándose un proceso de dolarización de la economía”.10
Otra de las líneas económicas que caracterizan a este período fue el impulso de las exportaciones no tradicionales que permitió el crecimiento de industrias como la textil, el cuero, la química y la de algunos minerales no metálicos.
Para promover las exportaciones se impuso un tipo de cambio real elevado al tiempo que la caída del salario real favorecía que los costos de producción fueran competitivos en el mercado internacional. La diversificación de los mercados compradores fue otro de los pilares de esta política, de esta manera se establecieron relaciones comerciales con países asiáticos y árabes al tiempo que se suscribieron acuerdos con países de la región. Esto último provocó un fluido intercambio con Brasil y Argentina.
Si bien las exportaciones registraron un claro aumento y constituyeron un puntal del crecimiento económico, también lo hicieron las importaciones provocando el déficit de la balanza comercial. Esta situación deficitaria fue apaliada con el ingreso de los capitales extranjeros y con el aumento de la deuda externa, que pasó de 956 millones de dólares en 1974 a 1.239 millones en 1978.
En setiembre de 1976 Valentín Arismendi asumió como nuevo Ministro de Economía y Finanzas en tanto que José Gil Díaz se convirtió en el nuevo presidente del Banco Central, ocupando dichos cargos hasta 1982. En el último mes de 1977 se llevó a cabo el cuarto cónclave cívico militar en Solís, allí fueron planteados los lineamientos que provocarían un reajuste de la política económica.
Uno de los objetivos estratégicos de este equipo económico era transformar al país en una plaza financiera, y para ello era necesario generar un clima económico favorable donde reinara la estabilización monetaria. Profundizando la línea económica del período anterior se procuraba mejorar la economía por medio del ingreso de capitales extranjeros ofreciendo para ello todo tipo de ventajas.
En ese marco se aplicaron una serie de medidas económicas que apuntaron a privilegiar la actividad financiera: se anularon los controles fiscales y se abandonó el control de la oferta monetaria, en 1979 se eliminaron los encajes bancarios obligatorios y las tasas de intereses fueron liberadas al eliminarse los topes existentes y se amplió el margen de endeudamiento de los bancos. En ese mismo año el sistema tributario fue modificado revocando el impuesto que afectaba a los depósitos bancarios y el que gravaba las ganancias de las inversiones extranjeras.
Un eje central de este período fue la modificación de la política cambiaria; se creó un sistema de preanuncio del tipo de cambio que fue conocido como “la tablita”. De esta manera el gobierno informaba con cierta anticipación cuántos pesos uruguayos valdría cada dólar americano. Este régimen privilegió la moneda norteamericana frente al peso en el marco de la llamada “dolarización de la economía”; al tiempo que la imposición del atraso cambiario elevó el costo de las exportaciones y abarató las importaciones. En el marco de una política de liberalización importadora se fueron cancelando los beneficios que, en una primera etapa, se le habían otorgado a las industrias exportadoras. De esta manera, el mercado interno se vio, progresivamente, inundado de productos extranjeros. En ese sentido el déficit comercial se acrecentó durante trienio 1979-1981.
En noviembre de 1981 se realizó, en Piriápolis, el quinto cónclave; los lineamientos allí aprobados configuraron un nuevo avance en el proyecto de desarrollo y de liberalización, pero no pudieron ser aplicados por el estallido de la crisis.
El 25 de noviembre de 1982 el Banco Central se retiró del mercado cambiario anunciando el abandono del cronograma de cotizaciones anticipadas, este episodio ha sido conocido como el “quiebre de la tablita”. El gobierno dejó de controlar el precio del dólar lo que provocó la suba estrepitosa de su valor, en solo dos días el dólar americano pasó de 13 a 39 pesos uruguayos. Ante esta situación, en diciembre de 1982 Valentín Arismendi fue sustituido por Walter Lusiardo Aznárez.
A partir de ese momento se desencadenó una de las peores crisis económicas de la historia del país que develó las insuficiencias del modelo económico de la dictadura y la persistencia de “desequilibrios estructurales que el modo de crecimiento del período llevaba implícitos (déficit comercial, déficit en Cuenta Corriente, creciente endeudamiento externo e interno, alta inflación y deterioro de los ingresos reales de asalariados y usufructuarios de la seguridad social)”.11
A la quiebre de empresas se agregó el desempleo, que en 1982 registró un aumento considerable pasando del 7% al 12%. Sumado a esto, se asistió a la profundización de la caída del salario real. Por otra parte, la fuga de capitales fue acompañada por una persistente caída de las reservas. Los precios subieron y se desató, nuevamente, un proceso inflacionario. El endeudamiento externo creció alcanzando los 4.238 millones de dólares y el déficit fiscal trepó al 9% del PBI12 al tiempo que se producía la cesación de pagos.
En diciembre de 1983, Vegh Villegas fue convocado nuevamente para hacerse cargo de la cartera económica del país. Una vez más, el estado uruguayo asumió un rol intervencionista para poder salir de una crisis económica que se enmarcaba en el proceso de transición política hacia la democracia. En ese sentido la maniobra estatal consistió en adquirir, a través del Banco Central, los créditos incobrables correspondientes a cinco instituciones bancarias nacionales para que fueran adquiridos por bancos extranjeros. Para realizar esta operación –llevada a cabo en junio de 1983- el Estado tuvo que aumentar su endeudamiento con el exterior en 300 millones de dólares. Al verse imposibilitado de cumplir con los tiempos acordados con el FMI, el Estado uruguayo tuvo que acordar con dicho organismo un plan de ajuste y refinanciación. El país iniciaba su recuperación democrática con un endeudamiento externo que alcanzó el 90% del PBI.
Hacia el final de la dictadura los intentos liberalizadores iniciados en 1959 así como las pretensiones neoliberales habían fracasado demostrando las flaquezas estructurales de dicho proyecto económico.
El terrorismo de Estado
El terrorismo de Estado se ejerció en distintas dimensiones y afectó a todo el conjunto de la sociedad uruguaya. Las prácticas llevadas a cabo por el gobierno comenzaron a manifestarse mucho antes del quiebre institucional pero se profundizaron y desplegaron en todo su potencial a medida que transcurrió la dictadura.
Una de las principales características de la estrategia represiva de la dictadura uruguaya fue la del encarcelamiento masivo y prolongado. Aproximadamente 6000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de detención bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad o con motivo de ser interrogados.
La tortura fue un elemento constante del régimen y se aplicó de forma rutinaria a los detenidos ya fuera en los establecimientos destinados para el encarcelamiento o en los centros clandestinos de detención. Las prácticas de tortura no sólo implicaban el daño físico sino que también apuntaban al debilitamiento sicológico de las víctimas, contando para ambas funciones con profesionales de la medicina que prestaban sus servicios a la dictadura.
El exilio político fue otras de las dimensiones del terrorismo de Estado, cientos de miles de uruguayos debieron emigrar por razones políticas. La mayoría de ellos se encontraban requeridos por la Fuerzas Conjuntas y abandonaron el país en su condición de perseguidos políticos. Desde el exterior, la mayoría de ellos, organizaron la resistencia a la dictadura iniciando grandes campañas de denuncia y de solidaridad.
Pero la salida del país no garantizaba la salvación. El desarrollo de la coordinación represiva regional encuadrada en el llamado Plan Cóndor, permitió que la represión y persecución traspasara las fronteras. De esta manera, muchos uruguayos fueron detenidos, desaparecidos y asesinados en Argentina, Chile, Paraguay e incluso en Bolivia y Colombia.
El 24 de marzo de 1976 se produce el Golpe de Estado en Argentina, y a partir de esa fecha se recrudece la persecución de los uruguayos que se habían exiliado en la vecina orilla; “(...), en 1976 se desplegó en Buenos Aires una serie de acciones contra militantes uruguayos pertenecientes a otros sectores de la oposición al régimen autoritario. Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz a fines de mayo fueron los ejemplos más claros de que la coordinación represiva no se restringió a los integrantes de grupos guerrilleros y de acción directa, aunque hubo varios intentos de asociar a estos dos líderes con los movimientos armados. La más obvia de estas tentativas fue la aparición de sus cuerpos juntos con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, dos ex MLN (“Nuevo Tiempo”) radicados en Buenos Aires. (...).”13
En lo que se refiere al asesinato político, en las cárceles uruguayas fallecieron 66 personas. Los motivos de muerte están asociados a los apremios físicos recibidos, a la falta de atención médica y a la autoeliminación. A su vez 22 uruguayos murieron en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y otros 13 fueron secuestrados y asesinados en Uruguay y Argentina.14
Cerca de doscientas personas fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura, aunque antes del Golpe de Estado se produjo la desaparición de dos uruguayos en 1971.
Según las investigaciones realizadas por la Comisión para la Paz se han confirmado15 168 de las denuncias que allí se presentaron. De ese total de casos confirmados, 32 personas desaparecen en Uruguay, 125 en Argentina, 9 en Chile, 1 en Bolivia, 1 en Colombia.
Como podrá apreciarse la mayoría de los uruguayos son detenidos y desaparecen en la República Argentina producto de la coordinación entre las fuerzas represivas de ambos países.
Por otra parte es importante señalar que estos procedimientos se enmarcaron dentro de operativos represivos llevados a cabo de forma planificada y como producto de minuciosas investigaciones de inteligencia.
De esta manera pueden registrarse una serie de “oleadas represivas” vinculadas a los objetivos políticos que perseguían las fuerzas de seguridad:
Las oleadas o ciclos represivos con secuelas de personas detenidas desaparecidas, se suceden en los siguientes períodos de tiempo:
1973 setiembre-diciembre. Oleada represiva contra uruguayos militantes del MLN –T y cientos de exiliados latinoamericanos residentes en Chile, inmediatamente del golpe que derrocó al Presidente constitucional, Dr. Salvador Allende.
1975 octubre-diciembre y 1976 enero-junio. Oleadas represivas contra militantes del PCU en Uruguay en el marco del despliegue de la llamada “Operación Morgan”.
1976 abril, junio-julio y agosto-octubre. Oleadas represivas contra integrantes del PVP en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.
1976 abril, agosto, noviembre-diciembre y 1977 febrero, mayo-agosto. Oleadas contra militantes del MLN –T en Buenos Aires.
1977 noviembre-diciembre. Oleada contra militantes de la organización argentina Montoneros radicados en Uruguay.
1977 diciembre y 1978 enero contra miembros de los GAU, AMS, PCR Y MLN –T radicados en Argentina.
1978 abril, junio-julio y agosto contra militantes PST, anarquistas, PCR y MLN –T radicados en Argentina.
1978 mayo. Nueva oleada contra Montoneros en Uruguay.
1981 setiembre y 1982 enero. Oleada represiva con militantes desaparecidos de la UJC y PCU en Montevideo.
Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Tomo I. P.779
Otra de las dimensiones del terrorismo de Estado se concentró en el montaje de una red de vigilancia que no solo permitía el cercenamiento de las libertades sino que apuntaba a la modificación de las relaciones sociales desde los aspectos más cotidianos.
Los servicios de información e inteligencia desplegaron todo su potencial en aras de desarticular tanto a las organizaciones calificadas como subversivas como a los espacios dónde las mismas pudieran propagarse. De esto se desprende el feroz control que comenzó a ejercerse sobre los medios de comunicación y las diversas expresiones culturales de la sociedad.
Si bien el montaje de un sistema de control y vigilancia sobre toda forma de expresión social o ciudadana es parte de un proceso que cobra fuerza a finales de los años 60, su implementación legal y normativa data, en algunos casos, de los años 30. Así la censura a los medios de comunicación, el contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores, músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó establecida legalmente antes del Golpe de Estado. De todas formas, la dictadura estableció algunas normativas que le permitieran profundizar sus mecanismos de control. A modo de ejemplo: en octubre de 1973 se dispone que toda información sobre la situación del país que fuera enviada al exterior por las agencias informativas, debía hacerse previa presentación de una copia al Ministerio del Interior. En 1975 la Dirección Nacional de Correos es autorizada a confiscar toda correspondencia que considere subversiva.
Los medios de comunicación estaban sujetos a todo tipo de censuras: se controlaban las publicaciones, los programas de radio y de televisión. Si éstos no se ajustaban a lo que el gobierno estimaba conveniente eran castigados como mecanismo de disciplinamiento; dichos castigos implicaban, por ejemplo, la suspensión de la edición de un diario por un determinado tiempo o su cierre definitivo.
En el caso de las expresiones artísticas, se realizaba un pormenorizado seguimiento de todas las actividades. Existía para ello una Comisión de Censura que se encargada de determinar que podía ser presentado al público. En cuanto a la cinematografía las empresas distribuidoras debían solicitar autorización para que los films que comercializaban pudieran ser proyectados. De esta manera, las películas a estrenar eran presentadas ante la Comisión Censora, generalmente acompañada de algún grupo de oficiales o militares o de la Policía, quien determinaba si la película ofrecía escenas tendenciosas y si era recomendable o no su proyección y establecía si algún pasaje del film sería censurado.
Lo mismo sucedía con los espectáculos de carnaval, los conjuntos que se presentaban para actuar dentro o fuera del concurso oficial debían entregar los textos del espectáculo a una Comisión censora, la cual los aprobaba o rechazaba total o parcialmente. En algunos casos se realizaban seguimientos específicos a determinados conjuntos, se asistía a todas sus actuaciones para determinar que no se realizaran agregados al espectáculo y comprobar el ajuste de sus presentaciones a lo establecido por la comisión.
A su vez, existían autores y artistas de distintas disciplinas que se encontraban prohibidos por ser considerados subversivos. En esos casos estaba totalmente prohibida la difusión de sus obras y la venta de las mismas, para lo cual se controlaban librerías y disquerías. En el caso de los músicos se realizaban “escuchas” permanentes de los programas radiales para verificar que no se trasmitieran canciones de artistas proscriptos.
Los mecanismos de vigilancia implicaban controlar todas aquellas actividades que nuclearan a grupos de personas. Tanto los ámbitos educativos como las comunidades religiosas y todas aquellas formas de organización que fue encontrando la sociedad civil, fueron objeto de investigaciones y seguimientos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
De esta manera se asiste a una “clausura de los espacios públicos” que busca impedir todo tipo de formas de expresión que atentaran contra el orden que se procuraba establecer. Reuniones, conferencias, festivales, campamentos, todo espacio que facilitara o promoviera el nucleamiento de personas debía estar previamente autorizado. Al mismo tiempo un equipo de inteligencia asistía a todas estas actividades para realizar un efectivo control de las mismas. Incluso aquellos eventos o fechas conmemorativas oficiales que implicaran asistencia de público, eran objeto de un riguroso control.
La dictadura generó, pues, un proceso de restricción en las formas de solidaridad social, en la medida que los mecanismos represivos sumados a la presencia del “miedo” conducían, en muchos casos, a que las familias se encerraran en sí mismas y los espacios barriales de interacción social fueran restringiéndose cada vez más al tiempo que se imponía, también, la cultura de la sospecha y la delación.
